Yolanda Adriana, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en Chihuahua. La mataron cinco elementos de la Policía Federal cuando paseaba en auto con sus hijas y su esposo. Ninguno de los presuntos autores está detenido. En enero de 2020, en el estado de Michoacán, Alfredo fue detenido por militares y entregado al Cártel Jalisco Nueva Generación, aun cuando solo era un campesino dedicado a la pisca de limón. No se ha vuelto a saber de él. No tenía antecedentes penales o alguna investigación abierta.

Víctor, un adolescente de 16 años, fue desaparecido en diciembre de 2013 por la policía Estatal de Veracruz. ¿Su delito? Vivir en una colonia “peligrosa”, aunque sobre él tampoco había ninguna acusación.

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La investigación que presentamos hoy busca reunir, por primera vez, un grupo específico de crímenes de lesa humanidad: aquellos que presuntamente fueron cometidos por fuerzas de seguridad, federales o estatales, contra víctimas inocentes o indefensas.

Más específico: hombres y mujeres sin vínculos con el crimen organizado, sobre los que no pesaba ninguna sospecha y que no eran parte de ninguna investigación.

Jóvenes, muchos de ellos, otros que se encontraban a solas o en pequeños grupos, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas con problemas de sustancias o con tatuajes en el cuerpo).

Hombres y mujeres que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron “indebidos”, aunque no representaran delito alguno, como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados. Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse.

Unos fueron asesinados, otros son víctimas de desaparición forzosa. Aquí hay -en un listado inédito- mil 524 víctimas. Casos recopilados a partir de una larga investigación, que incluyó revisiones hemerográficas, informes de derechos humanos y expedientes judiciales. Se acudió, sobre todo, a algunas organizaciones de familiares de desaparecidos, que nos abrieron su información. Y se hicieron entrevistas con 191 familiares directos de las víctimas.

Cada uno prueba que no hablamos de “manzanas podridas” en las fuerzas de seguridad que simplemente se “portaron mal”. Son casos que prueban la violencia que ejerce el Estado y la impunidad que da a sus elementos. Son crímenes de lesa humanidad.

Son mil 524 víctimas que nos confirman que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder y las violaciones de derechos humanos que sostienen la política de seguridad del Estado.