F. es una mujer joven que, en mayo de 2019, encontró una billetera tirada en la calle, afuera de un casino en el estado de Michoacán.

Ante el hallazgo, ella cuenta que su primer impulso fue buscar alguna identificación del propietario, para contactarlo y devolvérsela. Y sí, la cartera contenía dos identificaciones en las que aparecía el mismo hombre retratado, aunque con nombres distintos, lo que a la joven le pareció extraño.

Por eso abandonó la idea de regresar la billetera personalmente y, en cambio, se aproximó al policía que cuidaba el acceso al casino, para pedirle que la entregara a su dueño en caso de que la requiriera.

Devolver ese artículo de uso personal fue un acto de buena fe, de honestidad, pero un día después, cuando el dueño de la cartera tocó a la puerta de su vivienda, F. comenzó su largo arrepentimiento.

Ver a ese hombre desconocido fuera de su casa, cuenta F., “me alarmó, ya que desconozco cómo conoció mi domicilio... él me dijo: ‘Soy la persona a la que le dejaste la cartera, ¿te puedo invitar a salir, para agradecerte?’. Y yo le dije ‘no, gracias, no me interesa conocerlo’... entonces esa persona dijo que le gustaba mi camioneta y que iba a ser de él, mi camioneta estaba estacionada afuera de mi casa y se acercó al cristal del copiloto, le dio un golpe con algo y lo quebró. Luego se fue.”

A partir de entonces, F. sufrió el acoso de esa persona, a la que describe como un hombre obeso, bajo de estatura, con bigote y cabello muy corto, que comenzó a acudir reiteradamente a su vivienda para dejarle notas escritas en trozos de papel. Sin saber la joven cómo, esa persona también obtuvo su teléfono para hostigarla con mensajes de texto y llamadas, en una de las cuales, recuerda ella, “me dijo que a él nadie lo rechazaba, que tenía mucho dinero, que cómo una puta vieja como yo lo iba a rechazar”.

F. decidió entonces presentar una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán. Pero así como salió de las oficinas de dicho organismo, la joven recibió una nueva llamada de su agresor, quien le advirtió que ya estaba enterado de lo que acababa de hacer.

La joven comenzó entonces a sospechar que su acosador gozaba de un trato especial por parte de las autoridades de seguridad de Michoacán, que le proporcionaban información confidencial que él usaba para hostigarla. “Cambié de teléfono una y otra vez –recuerda–. Y teléfono que yo registraba en Fiscalía, para que pudieran contactarme, era teléfono que esa persona conseguía... se lo daban ahí.”

Esa complicidad entre las autoridades y su acosador la confirmó meses después, en agosto de 2020, cuando un grupo de policías estatales la abordó mientras abría la puerta de su casa.

Tras ponerle una navaja en el cuello, esos policías le advirtieron que estaban ahí por encargo de la persona a la que ella había denunciado y que su instrucción era matarla. Luego, la introdujeron a golpes a su propia vivienda.

“Me dañaron –narra F.– me hicieron mucho daño físicamente y psicológicamente... son cosas muy difíciles de contar para mí... me quebraron tres costillas, me dejaron coágulos en el cerebro (por los golpes)... me violaron”.

F. fue abandonada inconsciente dentro de su vivienda, luego de que los policías agresores la creyeran sin vida. Pero no: aunque con secuelas graves, ella sobrevivió al intento de feminicidio y hoy está lejos de su ciudad natal, puesto que, aun cuando denunció los hechos, los policías agresores siguen en el cargo y el hombre que la hostigaba, que los mandó a matarla, nunca fue investigado.

Sin que sea una cifra definitiva, sino sólo una muestra de un universo no determinado de casos, a través de una búsqueda documental y hemerográfica, durante esta investigación fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que, al cobijo de la estrategia conocida como “guerra contra el crimen organizado”, ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad. Tan amplia, que en ella caben actos criminales.

De esas 222 víctimas, nueve lograron sobrevivir, F. es una de ellas.

En el resto de los casos identificados, la violencia ejercida por la autoridad terminó en la muerte de las víctimas, en su desaparición e, incluso, en el extraño y cruel limbo que se abre entre ambos tipos de crímenes.

El abanico de violencia

Los casos identificados como parte de esta investigación evidencian que la violencia de las autoridades en contra de mujeres, en el marco de la guerra contra el crimen organizado, se ejerce como una demostración de poder y dominio sobre los cuerpos de las víctimas, así como sobre los territorios cuyo control reclaman los integrantes de las fuerzas públicas y, de esa forma, sobre las vidas de sus habitantes.

Los 222 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de mujeres identificados en esta investigación ocurrieron en el marco de operaciones para prevenir la acción de grupos delictivos, lo mismo que en contextos de complicidad con dichos grupos.

Además, el permiso tácito del Estado para que estas formas de violencia de género se practiquen, también traslada su ejercicio a otros ámbitos de la vida de los integrantes de corporaciones oficiales de seguridad, como sus casas, sus barrios y sus comunidades, es decir, a la vida de otras personas que terminan siendo víctimas del abuso de poder de los agentes agresores, fuera de acciones institucionales.

En noviembre de 2020, por ejemplo, Susana Cerón Zenteno, de 33 años de edad y empleada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, fue raptada presuntamente por su pareja sentimental, el policía estatal Efrén Hernández Romero, al que meses antes había conocido en la misma corporación.

“Llegaron a la casa –narra su mamá, la señora Susana Zenteno–, entonces él empezó a pelear con ella, ella se metió a la casa, dejó su celular y este hombre entra, lo agarra, y ella le dice ‘dame mi celular’. Y este hombre se baja las escaleras y ella lo alcanza, pero él ya estaba en su camioneta. Entonces no le quiso dar el celular, ella abrió la puerta de la camioneta y él la jaló, cerró y se arrancó. Desde ese momento ya no supimos nada. Nada ya.”

Aunque el rapto fue denunciado, las autoridades de Puebla no emprendieron ninguna acción para localizar a Susana, ni siquiera por ser empleada de la policía estatal, ni tampoco al agente que la privó de la libertad. “No la buscaron –recuerda su madre, con frustración–. No hicieron nada, la verdad.”

Doce días después, el cadáver de la joven madre fue encontrado en un lote baldío, con signos de tortura. Según los estudios forenses, su agresor la mantuvo con vida durante al menos ocho días y luego la asesinó, por lo que una búsqueda expedita de las autoridades hubiera tenido altas posibilidades de rescatarla con vida. Pero no fue así.

“Ella era una muchacha muy alegre, nunca fue una persona problemática –recuerda su mamá, quien quedó a cargo de las tres hijas de Susana–. Ella era una buena mamá también, ¿por qué no voy a decirlo? Siempre fue una buena madre. Trabajaba siempre para sus hijas. Cuando pasó lo que pasó, la más niña tenía 5 años, la otra tenía 9 y la otra niña tenía 11... Ella era el sostén de la casa.”

En enero de 2021, dos meses después del feminicidio, el presunto agresor fue detenido en Chiapas, con papeles de identidad falsos con los que pretendía salir del país. Sin embargo, el cadáver de su víctima no fue suficiente prueba de su crimen y durante los siguientes dos años el agresor sólo enfrentó cargos por desaparición.

No fue sino hasta marzo de 2023, más de dos años después del asesinato de Susana, que el Ministerio Público logró que el delito de feminicidio fuera también incluido en el juicio que hasta la fecha se sigue contra ese policía.

Tal como informaron las fiscalías de justicia de todo el país, en respuesta a solicitudes de transparencia formuladas como parte de esta investigación, desde 2006 han sido procesados penalmente 51 agentes de fuerzas estatales o federales por los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres.

Sin embargo, los registros administrativos en materia penal que difunden los tribunales de justicia de todo el país, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que las fiscalías sólo reunieron evidencias suficientes para iniciar juicios penales contra tres uniformados, por feminicidios cometidos entre 2006 y 2019 (último año reportado). Contra el resto no se fincaron cargos ante ningún tribunal.

De esos tres agentes contra los que sí se inició juicio, ninguno de ellos había recibido sentencia, hasta la última actualización que las autoridades realizaron a dichos datos.

Silenciadas

A Eva Alarcón se la llevaron en 2011, cuando tenía 43 años de edad. Fueron policías de la Fiscalía de Justicia de Guerrero, que operaban en contubernio con el crimen organizado, y lo hicieron en represalia por la lucha que ella libraba en defensa de los bosques de la sierra de Petatlán, valiosos para los grupos de poder que dominan dicho estado por su madera, por la posibilidad de sembrar enervantes en las tierras taladas y por servir como ruta segura para el trasiego de drogas y armas.

Los policías se la llevaron junto con su compañero de lucha Marcial Bautista, con el que viajaba en un autobús de pasajeros hacia la Ciudad de México, donde ambos sostendrían una reunión con legisladores federales para analizar, entre otros temas, el incremento de las extorsiones del crimen organizado contra pobladores de la sierra.

El caso de Eva muestra la forma en que la violencia es empleada para interferir y controlar la vida de comunidades enteras.

“Mamá estudió hasta tercero de secundaria –recuerda Coral Rojas Alarcón, su hija–. Ella decía que (durante) todo su crecimiento tuvo hambre, no tenía para comer, había mucha pobreza y le costó mucho salir adelante. Pero desde muy pequeña fue muy lista: aprendió a hablar inglés perfectamente, era muy buena con los números y con los negocios y a los 15 años fue gerente de Hotel Cristal en Ixtapa-Zihuatanejo, tenía una inteligencia muy amplia, leía demasiado y en otros idiomas... Era una mujer muy libre y muy controvertida, siempre andaba haciendo revoluciones por todos lados.”

Desde que fueron privados de la libertad, ambos están desaparecidos. Y si se sabe lo ocurrido, de hecho, es gracias a la inteligencia de Eva, ya que antes de que los policías la obligaran a bajar del autobús, ella logró esconder su teléfono celular y hacer señas a otra pasajera para que lo recuperara.

Momentos después, esa señora usó el teléfono para comunicarse con Coral y avisarle de lo ocurrido, lo que permitió rápidamente identificar testigos de los hechos y, después, ubicar y detener al grupo de policías ministeriales, municipales y miembros del crimen organizado que cometieron el crimen.

Hasta la fecha, sin embargo, ninguno de los procesados ha querido revelar el paradero de Eva y Maciel. Dicen que los mataron, pero la prueba definitiva de ello, sus cuerpos, no han sido localizados.

“En Guerrero es común que participe gente del Estado en este tipo de crímenes, pero es muy difícil comprobarlo –advierte Coral–. Pero conmigo, pues, fue diferente porque tengo detenidos que comprueban que el Estado participó (en la desaparición de Eva y Marcial). Es un gran paso, es un gran avance haberlo logrado, haber comprobado que la misma policía estuvo involucrada, pero ¿de qué te sirve tener tanta gente detenida si a tu familiar no lo has encontrado? El objetivo es encontrar a tu familiar y si no lo encuentras es que no es bueno lo que tú has hecho, tu búsqueda no tiene final.”

Sin ser una enumeración total, sino sólo una muestra ejemplificativa, en esta investigación se identificaron siete casos de asesinato y desaparición de mujeres, en represalia por su participación en movimientos políticos o en protestas civiles.

En 2020, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el vehículo en el que viajaban Jéssica Silva Zamarripa y su esposo Jaime Torres Esquivel, ambos agricultores, tras participar en una manifestación en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua, de la que autoridades federales pretendían tomar agua, para pagar cuotas a las que México está obligado, por el Tratado de Aguas Internacionales establecido con Estados Unidos en 1944.

Tras la manifestación, en la que hubo jaloneos entre campesinos y uniformados, ambos bandos se retiraron de la presa, aunque usando la misma carretera, por lo que, en un momento en que la caravana de la Guardia Nacional interceptó a la de manifestantes, los agentes abrieron fuego.

“La verdad yo no sentí los disparos –recuerda Jaime–, yo no sentí nada, yo cuando menos pensé, ya estaba ‘disparado’. No oí disparos, uno me pegó aquí atrás del oído y me imagino que ese fue el que me dejó aturdido, ni lo sentí... pero sí estaba consciente. Luego Jéssica me habló, ella, porque me dispararon primero a mí, y me dijo que me habían disparado, pero de ahí en más ya no la volví a ver, fue cuando le dispararon a ella.”

Jéssica, de 34 años, murió de forma instantánea por un disparo que le entró por la nuca y se alojó en su tórax.

Inicialmente, la Guardia Nacional afirmó que sus elementos “repelieron una agresión” y seis elementos de la corporación fueron procesados, pero sólo a uno se le fincaron cargos por homicidio. Hasta la fecha, permanece sin sentencia.

El limbo

Susana Tapia Garibo fue secuestrada en 2016, cuando tenía 16 años de edad. La adolescente había salido junto con otros cuatro amigos varones, para festejar el cumpleaños de uno de ellos y, luego de la celebración, se detuvieron a desayunar en un puesto de la carretera. Ahí fueron interceptados y secuestrados por elementos de la policía estatal de Veracruz.

“Había terminado la secundaria y ella decía que quería estudiar para ser veterinaria –recuerda su mamá, Carmen Garibo–. Después dijo que no, que iba a ser una ingeniera petroquímica, pero que ella iba a estudiar.”

El video de una cámara de seguridad muestra el momento en que una patrulla de la policía estatal alcanzó a los jóvenes. Y, luego, otra cámara los captó ya detenidos, a bordo de la patrulla, mientras detrás de ellos va un policía conduciendo el auto en el que las víctimas se transportaban.

“Desde esa fecha ya no los hemos visto –dice la señora Carmen– y pues la verdad ha sido un tiempo muy difícil, muy feo para nosotros porque pues, día a día, es estar con este dolor... Es algo que, así pasen los años, a mí nunca va a dejar de dolerme: recordar a mi hija.”

Para eludir los cuestionamientos que este rapto generó dentro y fuera de Veracruz, luego de que la prensa difundió los videos que probaban la responsabilidad de la policía, las autoridades estatales primero fingieron la localización sin vida de las víctimas, aunque estudios forenses demostraron que los restos presentados inicialmente por las autoridades no eran de origen humano, sino de animales.

Después, al quedar evidenciada esta fabricación, las autoridades de Veracruz decidieron revelar el lugar donde Susana y sus amigos, supuestamente, fueron ejecutados: un rancho en el que estaban enterrados cientos de fragmentos óseos, de un número indefinido de personas asesinadas por miembros del crimen organizado y por policías cómplices.

La realidad, sin embargo, es que ahí sólo se localizó una mancha de sangre y un hueso, que correspondían a dos de los jóvenes secuestrados. Pero de Susana y sus otros dos amigos no se han identificado restos que comprueben su fallecimiento, hasta la fecha.

A pesar de ello, con la presentación de esa fosa clandestina, los gobiernos estatal y federal dieron por localizadas sin vida a las cinco víctimas y concluyeron sus investigaciones.

Así, para la autoridad, Susana no está desaparecida sino muerta. Pero para su mamá, ella no está muerta, sino desaparecida.

Susana es y no es ambas cosas, al mismo tiempo.

“Nosotros –señala la señora Carmen– no obtuvimos nada. Pero las autoridades dijeron ‘pues ya, el caso se tiene que cerrar’ y, pues, ¿qué hace uno?... Nosotros hubiéramos querido que hasta la fecha anduvieran buscando a los muchachos... Ha sido muy difícil, sólo con el hecho de estarlo hablando, es algo que duele.”

De los 222 asesinatos y ejecuciones de mujeres, atribuidos a agentes estatales y federales durante el tiempo que ha durado la guerra contra el crimen organizado (e identificados en esta investigación), al menos 57 casos fueron perpetrados por dichas autoridades, en mancuerna con el crimen organizado.

Eso quiere decir que uno de cada cuatro casos de asesinato o desaparición de mujeres a manos de autoridades fueron cometidos en un contexto de complicidad con grupos criminales.

En contraste, en el caso de los hombres víctimas de este mismo tipo de hechos, esa proporción es mucho menor: sólo uno de cada diez fue atacado por autoridades en complicidad con bandas delictivas.

Eso, lamentablemente, significa que cuando las autoridades se coaligan con organizaciones criminales para atacar a la ciudadanía, la probabilidad de sufrir esta violencia es 150% mayor para las mujeres, que para los hombres.