La “guerra contra el narco”, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, produjo un dramático incremento de violencia generada tanto por grupos criminales como por agentes del Estado que actúan de forma independiente o en colaboración.

Esta “guerra” ha mostrado a un Estado con débiles capacidades institucionales. La utilización de las Fuerzas Armadas pretende resolver esta carencia como si el Ejército, la Marina y actualmente la Guardia Nacional fueran cuerpos sólidos, capacitados y sin colusión con grupos criminales. La estrategia se ha centrado en el uso de la fuerza y no en las capacidades del Estado en su conjunto.

Ante la creciente violencia y la impunidad reinante, los gobiernos, respaldados por buena parte de la opinión de pública, han generado en los hechos un Estado de excepción que se ha venido profundizando.

En esta lógica, los grupos criminales deben ser combatidos por encima de la ley. La guerra contra las drogas generó condiciones y políticas que promueven la ejecución, desaparición y tortura, entre otras, protegidas por un manto de impunidad. Los agentes del Estado pueden asesinar o desaparecer personas sin dar mayores explicaciones. Los cientos de casos documentados en esta investigación muestran que esta “estrategia” ha llevado a ejecuciones extrajudiciales de miembros del crimen organizado y de personas sin vínculo alguno con actividades criminales.

Desde entonces, las cifras son alarmantes. Más de 30 mil casos de tortura registrados en las fiscalías del país, más de 110 mil personas permanecen desaparecidas según cifras oficiales y más de 370 mil asesinatos de los que se desconoce en cuantos estuvieron involucrados agentes del Estado.

La justicia no es un elemento considerado en la estrategia que ya abarca tres sexenios de distintos partidos políticos. Tan solo se cuentan con alrededor de 43 sentencias condenatorias por tortura, 50 por desaparición y 40 por homicidio cometido por servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas. En este pequeño universo de casos siempre se fincaron responsabilidades solo a algunos autores materiales dejando impune los altos mandos creadores de políticas y estructuras violentas dentro y fuera del Estado. Se pretende administrar la justicia, solo en casos emblemáticos, para simular y contener las exigencias sociales.

Ante la violencia producida por agentes del Estado, el discurso oficial ha presentado variantes con el mismo fondo: “en algo andaban”, “daños colaterales”, “se acabaron las masacres”, “ya no hay impunidad” o simplemente omitir el tema. El mensaje es que las victimas “merecían” ser asesinadas o desaparecidas. La estrategia lleva a asesinar presuntos criminales y presentar como criminales a aquellos que no lo son. Es por ello que estos hechos son “justificados” por las autoridades como resultado de enfrentamientos que en muchos casos no ocurrieron, a las víctimas se les criminaliza al colocar armas o droga como parte de sus posesiones y se revictimizan en el discurso público. Los distintos gobiernos han intentado explicar los asesinatos como indicador de éxito, como avance en la “pacificación” y que la guerra se está ganando.

Cuando los crímenes cometidos por agentes del Estado quedan en evidencia, los responsables son presentados como “manzanas podridas” y se intenta contener la presión social mediante el compromiso hueco de la justicia. Se despresuriza el caso y años después la justicia nunca llega. Es por ello que se tiene una narrativa fragmentada de miles y miles de casos aislados.

Los casos documentados en esta investigación muestran que estos crímenes no son aislados en el tiempo ni en el territorio. Más bien dejan en evidencia un fenómeno sistemático y generalizado. Ante ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de personas sin vínculo criminal, lo primero es presentar el hecho como enfrentamiento o “sembrar” armas y drogas, si la evidencia muestra lo contrario comienza una estrategia de vincular a las víctimas con actividades ilícitas. Cuando todo esto no es suficiente se pretende contener los señalamientos minimizando los hechos con el argumento de las “manzanas podridas” o “eventos aislados” y la promesa vacía de justicia que focaliza el crimen bajo la lógica del caso y se pierde de vista el fenómeno y su sistematicidad. Esto sugiere que existe un modo ilegal de actuar institucionalizado con total respaldo político al más alto nivel. En prácticamente la totalidad de los casos no se investigan, procesan, ni castigan a los altos mandos.

Lo documentado en esta investigación muestra que no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia, de patrones recurrentes que se repiten en el tiempo y en distintas partes del país por diversos cuerpos de seguridad. Los asesinatos y desapariciones muestran una sistematicidad que de manera generalizada produce violencia que es atajada políticamente para posteriormente permanecer en la impunidad.

En resumen. La estrategia de seguridad implementada por Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y profundizada por Andrés Manuel López Obrador, en la que se involucró a las fuerzas armadas en tareas de seguridad en “combate” contra grupos del narcotráfico, generó justificación suficiente para que distintas autoridades utilizaran cualquier medio para presentar supuestos resultados. A partir de entonces, se han perpetrado miles y miles de crímenes por distintos cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional en el que personas sin vínculo criminal alguno han sido asesinadas o desaparecidas mientras los reportes oficiales intentan mostrar una realidad distinta en la que se busca justificar los hechos bajo un marco de legalidad, enmarcada en la estrategia de seguridad. Las víctimas han sido presentadas como criminales para generar respaldo social, mientras se garantiza respaldo político a los perpetradores e impunidad desvinculando el caso del fenómeno.

Es por ello que se afirma que en México se han perpetrado crímenes de lesa humanidad por actores estatales y no estatales. Es decir, crímenes que por su gravedad están contemplados en el derecho penal internacional. No estamos ante miles y miles de casos aislados, sino ante crímenes generalizados y sistemáticos como parte de una estrategia de seguridad perpetrados contra población civil con conocimiento de las más altas autoridades.